La
cuarta actividad productiva del colectivo de inmigrantes es la agricultura
y en opinión de Solé (1997:14 y 15) suelen llevar a cabo trabajos
temporales como la recogida de frutas y vegetales (fresas en Huelva,
aceituna en Jaén, fruta en general en Cataluña y Aragón…) con la
excepción de los que se dedican a tareas que se llevan a cabo durante
todo el año como es el caso de Almería. En la actualidad, ha cobrado
especial relevancia el viaje organizado, con contrato de trabajo
en origen y de ida y vuelta, de más de 20.000 agricultoras polacas
para la campaña de la fresa en Huelva. Se prevé la adopción de esta
fórmula en todas las circunstancias posibles ya que parece asegurar
los derechos y beneficios para las partes implicadas, incluídas
las Administraciones relacionadas con la inmigración.
Tal
como ocurre con la mayoría de este colectivo las condiciones de
trabajo suelen ser generalmente discriminatorias e ilegales. Como
ejemplo de esta afirmación baste recordar las denuncias frecuentes
de ciertas organizaciones sindicales (CCOO en 1994) sobre casos
explotación de trabajadores extranjeros en este sector, que son
utilizados como mano de obra barata aprovechándose el empresariado
su de vulnerabilidad y situación ilegal (Solé, 1997 y Cachón, 1995).
Estos
trabajadores agrícolas suelen llevar una vida itinerante, adaptándose
a los periodos y ritmos de las colecciones de productos agrícolas
de temporada. El tipo de relación que este colectivo mantiene con
las poblaciones locales puede originar situaciones de conflicto
social. No existen prácticamente mediaciones que regulen las formas
de contratación laboral, ni de acceso a vivienda, ni a los espacios
de ocio, lo que en muchos casos favorece un clima social adverso
e intolerante por parte de la población autóctona que en algunos
momentos desemboca en episodios violentos de los que son un ejemplo
ilustrativo, los ocurridos hace sólo unos años en el poniente almeriense.
En
otro estudio realizado por la organización sindical UGT-Andalucía,
en comparación con los trabajadores nacionales, se subraya una discriminación
apreciable en contra de los trabajadores inmigrantes extranjeros,
ya que un 35% no tiene vacaciones frente al 25% de los nacionales,
un 70% no tiene pagas extras frente a un 29%; y el 49% no cuenta
con el finiquito al terminar la relación laboral frente al 29% de
los nacionales (Hatchami 2002, año: 165).
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