En
opinión de Fernández (2001) la inmigración es una realidad tangible
en los países industrializados como España, existiendo una tendencia
a medio plazo a incrementarse(1)
. Además de la integración social, cultural y económica, el problema
crucial sigue siendo la forma de entrada que utilizan las personas
inmigrantes para acceder a nuestro país. La masiva entrada ilegal
-y es especial la que se produce desde las costas africanas- plantea
situaciones de evidente conculcación de los Derechos Humanos. La
que tiene su origen en las costas norteafricanas plantea uno de
los episodios más preocupantes y sombríos de las políticas sociales
de nuestro país. La continua angustia, las graves dificultades vitales
y la frecuente muerte en condiciones infrahumanas, son circunstancias
demasiado habituales en quienes ilusionados por llegar al paraíso
de la opulencia, ponen sus escasos ahorros en manos de mafias especializadas
en el sucio negocio de facilitarles la entrada ilegal en Europa.
Además
de extremar la vigilancia aduanera, ciertos países europeos comienzan
a fomentar la inmigración por medio de los cauces legales previstos
por las leyes(2)
, medidas que aunque adecuadas, resultan insuficientes por las propias
circunstancias que comportan.
Debido
al envejecimiento de la población, la ONU calcula que entre el 2000
y el 2050, España necesitará 12 millones de inmigrantes para mantener
su potencial de trabajo, lo cual representa una entrada en torno
a 240.000 personas anuales. Por su parte la Unión Europea necesita
1,4 millones de inmigrantes al año para mantener las tasas actuales
de población activa y garantizar los sistemas de pensiones y beneficios
sociales (Grocin, 2003, pp. 176).
|