En opinión de Fernández (2001) la inmigración es una realidad tangible en los países industrializados como España, existiendo una tendencia a medio plazo a incrementarse(1) . Además de la integración social, cultural y económica, el problema crucial sigue siendo la forma de entrada que utilizan las personas inmigrantes para acceder a nuestro país. La masiva entrada ilegal -y es especial la que se produce desde las costas africanas- plantea situaciones de evidente conculcación de los Derechos Humanos. La que tiene su origen en las costas norteafricanas plantea uno de los episodios más preocupantes y sombríos de las políticas sociales de nuestro país. La continua angustia, las graves dificultades vitales y la frecuente muerte en condiciones infrahumanas, son circunstancias demasiado habituales en quienes ilusionados por llegar al paraíso de la opulencia, ponen sus escasos ahorros en manos de mafias especializadas en el sucio negocio de facilitarles la entrada ilegal en Europa.

Además de extremar la vigilancia aduanera, ciertos países europeos comienzan a fomentar la inmigración por medio de los cauces legales previstos por las leyes(2) , medidas que aunque adecuadas, resultan insuficientes por las propias circunstancias que comportan.

Debido al envejecimiento de la población, la ONU calcula que entre el 2000 y el 2050, España necesitará 12 millones de inmigrantes para mantener su potencial de trabajo, lo cual representa una entrada en torno a 240.000 personas anuales. Por su parte la Unión Europea necesita 1,4 millones de inmigrantes al año para mantener las tasas actuales de población activa y garantizar los sistemas de pensiones y beneficios sociales (Grocin, 2003, pp. 176).


1. Fernández, J.A. (2001): El futuro demográfico y la oferta de trabajo en España. En Revista Migraciones, Nº 9. Páginas 45-68.
2. Como ejemplo, los acuerdos existentes entre los gobiernos de España y Ecuador en este sentido, a los que se puede acceder en www.rasinet.org/archivo/documentos/documentosacuerdoesec.doc
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