Mediante este contrato el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de un proceso administrativo, judicial o arbitral. Igualmente, se obliga a prestar servicios de asistencia jurídica, judicial o extrajudicial. La Defensa Jurídica incluye: la defensa penal: honorarios de abogado y procurador, constitución de fianzas. La reclamación de daños: trámites y gestiones en vía amistosa, gastos de peritación. El asegurado podrá elegir libremente el procurador y el abogado que hayan de representarle y defenderle.
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