Procedimiento de aplicación en todas las Administraciones Públicas, que fija unas garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actuación administrativa. El procedimiento administrativo común se regula en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. Las distintas Comunidades Autónomas, al regular sus procedimientos propios, deberán respetar las reglas del procedimiento administrativo común recogidas en esta ley. El procedimiento administrativo común se desarrolla en tres fases: iniciación, instrucción y terminación del procedimiento.
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