Servicio público que gestiona una base de datos, sujeta a grandes medidas de seguridad y confidencialidad, en la que constan prácticamente todos los riesgos de crédito (préstamos, créditos, avales, etc.) que las entidades financieras tienen con sus clientes por importe superior a los 6.000 euros. Las entidades financieras están obligadas a remitir a la CIRBE información sobre los riesgos vivos que cada una mantiene y sobre sus titulares. El objetivo de la CIRBE es doble: poner a disposición de las entidades los datos necesarios para el ejercicio de su actividad y ayudar a las autoridades competentes en el ejercicio de la supervisión bancaria.
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