Es un principio impositivo recogido en la Constitución Española y en la Ley General Tributaria (LGT), que establece que el pago de los impuestos por parte de los individuos ha de ser reflejo de su capacidad económica y de sus circunstancias personales. Debe tenerse en cuenta por parte del legislador a la hora de establecer los impuestos. En la Constitución Española, en su artículo 31, se establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
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